Funcionarios de la Justicia repudiaron la toma de rehén y pidieron más seguridad

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A pocas horas del cierre de una tensa jornada en Zapala, en la que un defensor público fue tomado rehén por 10 horas por un violador condenado que exigía nuevas pericias para demostrar su inocencia, colegas de la Justicia neuquina se expidieron en repudio y con preocupación respecto de lo ocurrido, que se suma a otros antecedentes violentos similares.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Neuquén (AMyF) se solidarizó con el defensor oficial Pablo Méndez públicamente, en un comunicado emitido en las primeras horas de este sábado. Cabe recordar que, este viernes, el abogado pasó 10 horas secuestrado en una oficina judicial del centro de Zapala, atado a una silla y sin contacto alguno con el exterior, mientras Andrés Villar, recientemente condenado por abuso sexual contra su hijastra, exigía que se revea su condena para liberar al letrado.

De hecho, en reiteradas oportunidades amenazó con matar al defensor y a sí mismo si no se le otorgaba lo que pedía, o si la Policía intentaba entrar a la fuerza.

En este sentido, desde la Asociación expresaron: “Esta situación, en la que un hombre armado ingresó sin ningún control a una oficina judicial, nos pone en alerta por lo endeble de la seguridad vigente en los lugares de trabajo de magistrados, magistradas, y funcionarios y funcionarias judiciales”.

Hicieron mención a uno de los antecedentes más recientes; los incidentes y destrozos que se dieron en la sede del Poder Judicial de Villa La Angostura tras la furia e indignación que despertó el femicidio de Guadalupe Curual en esa localidad. En la sede de San Martín de los Andes, la manifestación del día siguiente afortunadamente se mantuvo pacífica, pero aún así todos sus empleados fueron evacuados por prevención.

“Nuestra entidad observa con honda preocupación estas situaciones que se reiteran principalmente en el interior neuquino. La violencia en la cual está inmersa la sociedad actual, exacerbada por las redes sociales, pone a prueba la capacidad de reacción del Estado y de las medidas se seguridad que deben tomarse. Es indispensable de aquí en más articular desde el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial mayores condiciones de seguridad tanto para Magistrados, Magistradas, Funcionarios, Funcionarias, y otros operadores y operadoras judiciales en el desempeño de sus tareas, como de los ciudadanos y las ciudadanas que acuden en busca de un servicio de justicia”, manifestaron.-

FUENTE: https://www.lmneuquen.com/

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